LA LEY CANNABIS, UNA POLÍTICA FAVORABLE A LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Un acontecimiento político para el país se concretará en el instante en que el Presidente Juan Manuel Santos firme el Decreto “Uso de Cannabis con fines médicos y científicos”. Al menos así podemos percibirlo los colombianos que desde siempre hemos visto, no sin asombro en muchos casos, cómo la marihuana suele despertar dogmatismos.

Sea este acontecimiento, cada día más cercano, una oportunidad para observar entrelíneas la problemática política asociada a esta planta considerada sanadora entre comunidades ancestrales.

Para darle un punto de partida a esta observación, recordemos que en 1968 empezó a operar la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes – JIFE[i], órgano encargado del seguimiento a la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas, según lo estableció la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.[ii] Es un buen inicio para evitar la reseña de la “Resolución 689” emitida el 28  de julio de 1958 por el Consejo Económico y Social de la ONU, y que da cuenta de las primeras recomendaciones relacionadas con la fiscalización de estupefacientes. Además, 1968 es un número que resuena en el imaginario histórico cargado de una serie de ilusiones y esperanzas ajenas; aquella “época instruida” en la que Allen Ginsberg prendía la calefacción y se sentaba a ver pasar a los yonquis.

Quienes consideran que la prohibición de las sustancias que dejan estupefacto a quien las consume está basada en el prejuicio desconocen información que conviene actualizar: por ejemplo que a principios del siglo xx el 25% de los hombres chinos eran adictos al opio que los ingleses les llevaban de India, situación que motivó la convención de Shangai. De allí se sabe que estas sustancias “representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos, y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad”; así se afirmó en la Convención de 1988.

Al crear la JIFE, la estrategia de combate al uso indebido de drogas entró a operar en la forma que hoy conocemos y que combina dos grandes ejes de acción; uno de ellos limita exclusivamente a fines de orden medicinal la posesión, el uso, el intercambio, la distribución, la importación, la exportación, la fabricación y la producción de las drogas. Este eje nos interesa; porque permite notar que el Decreto, cuya redacción final ya está lista, no es ajeno a lo previsto desde entonces.

No deberían alarmarse las personas que se preocupan por la salud física y moral de la humanidad ante la formalización de una política prevista por ellos mismos; y exceden su optimismo quienes creen que lo que está en discusión es la despenalización de la marihuana en Colombia. El Gobierno ha sido enfático en que lo que se busca es “legalizar el cultivo y la transformación del cannabis como insumo exclusivo para productos medicinales y científicos”. Conviene leer la oración completa; no solo la parte que estimula nuestros deseos, que es la misma para los detractores y para los optimistas.

El decreto que se firmará en Colombia no es semejante a las políticas que recientemente se fijaron en Uruguay, Colorado, Washington, Alaska y Puerto Rico; contextos en los cuales se abrió paso al uso recreativo de la hierba; lo único que comparte con estos hitos históricos es que también toma en cuenta los resultados de investigación incluidos en el catálogo de publicaciones del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), red mundial creada en 2007 y que, dado el escaso impacto de la guerra contra las drogas, se ha dedicado a promover el debate abierto y objetivo sobre el sentido y la eficacia de las políticas de drogas con el fin de concebir una reglamentación que, basada en la evidencia científica, reduzca efectivamente el daño que estas sustancias ocasionan.

La Junta y el Consorcio no son entidades del todo antagónicas: persiguen el mismo objetivo, solo que confían en estrategias diferentes. Nuestro decreto tal vez llegue a ser un interesante ejemplo de transición entre las convicciones que han sustentado a la Junta y las oportunidades que intuye el Consorcio respaldado en investigaciones que, por ejemplo, prueban las propiedades terapéuticas del cannabidiol – CDB (alivia el dolor, es antiinflamatorio, no es sedante, no intoxica), el tetrahidrocannabivarín – THCV (antidiabético relativo),  el cannabigerol – CBG (para el cáncer de próstata) y el cannabidivarín – CBDV (para la epilepsia).

El desarrollo farmacéutico de estas y otras hipótesis hace necesaria la regulación que está por firmarse. Además, constituye una posible oportunidad de negocio digna de consideración en estos momentos en los que la industria energética que sustenta la economía nacional atraviesa la crisis de la que ya todos somos conscientes.

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[i] La JIFE (International Narcotics Control Board – INCB) integra lo que antes fue el Órgano de Fiscalización de Estupefacientes (creado a partir de la Convención para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de estupefacientes de 1931) y el Comité Central Permanente de Estupefacientes (creado a partir de la Convención Internacional del Opio de 1925). Sus 13 miembros son elegidos por el Consejo Económico y Social de la ONU y ejercen sus funciones con total independencia respecto de sus gobiernos. Uno de sus miembros actuales es el profesor colombo estadounidense Francisco E. Thoumi quien dirigió el Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delitos (CEODD) del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario desde agosto de 2004 hasta finales de 2007.

[ii] La Convención sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 han actualizado las determinaciones fijadas allí; en abril de 2016 se realizará la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Drogas.

SI CON PETRO LLOVÍA, CON PEÑALOSA NO ESCAMPA

En estos días de polarización política visceral resulta imprescindible sustraerse a esa tendencia fácil de quienes se limitan a aplaudir a los suyos o escupir a los otros, incurriendo, estos y aquellos, en una seria irresponsabilidad ciudadana. Esto es lo que se intenta aquí: ver cómo, una vez más, los ciudadanos quedamos en medio de una batalla campal entre dos bandos que ni siquiera sumándolos generarían una mayoría objetiva.

Casi no se ve el ciudadano; pero ahí está representado en la pancarta, consumiendo cemento, junto al bus del SITP.

De esta situación, como ciudadano sin más, surge mi inquietud, mi molestia, esta sensación de que no importa en últimas de cuál color vista su discurso el gobernante en ejercicio, en todo caso el turbulento devenir político de la ciudad cada día desconoce más y más a los ciudadanos. Por esa razón me di a la tarea de buscar hacerme una idea medianamente sopesada sobre la manera como en el proyecto de gobierno actual y en el anterior se concibe el sistema “ciudad-ciudadanía-ciudadano”. ¿”Bogotá humana” gobernó para la ciudadanía? ¿”Bogotá mejor para todos” se refiere a “todos” los ciudadanos? ¿Será que en ese eslogan, como dice la RAE, “todos son unos”?

No en pocas ocasiones tuve noticia de gestos administrativos que resultaban irónicos en el núcleo mismo de la llamada Bogotá “Humana”. El argumento con el que los petristas se justificaban era que sólo se obedecía el dictado de las más modernas tecnologías administrativas; y uno, ciudadano sin más, piensa: bueno, tal vez tengan alguna razón, pero la paradoja tecnología-humanidad, en últimas, lo que dejaba al margen era precisamente la ciudadanía. Y es que un ciudadano resulta anecdótico al compararlo con la trascendencia inmaterial de la “Humanidad”. En este sentido, la lógica del bien común como prioridad sobre el particular puede convertirse en una trampa; y sospecho que en ella cayó, no pocas veces, el sueño de la razón petrista.

Ahora, escuchar al actual señor Alcalde, por ejemplo cuando lo entrevistó Yamid Amad, por momentos resulta impresionante. Mientras lo escuchaba, mi memoria traía recuerdos del “Retablo de las maravillas” de Cervantes: “Pues doite por aviso, Chanfalla, que el Gobernador es poeta”. La mirada le brilla mientras señala al frente todo ese futuro de cemento que el ve en donde nadie más. Pero más impresionante que el Alcalde, es el periodista… “Usted habla como candidato”, le dice, para luego reorientar su intervención: “pero ahora está haciendo realidad su sueño”. ¿Ah?

Se diría que Peñalosa aprendió la moraleja de la película de Ciro Guerra: que el enfermo espíritu blanco… “solo aprendiendo a soñar podía salvarse”. Pero, temo que Peñalosa y Karamakate usan la misma palabra para nombrar cosas distintas. Es más, me parece que la particular manera como el señor Alcalde sueña es prueba de la necesidad urgente que tiene de aprender a soñar: no se trata de soñar por soñar; hay que saber soñar. Porque dedicarse a atender las necesidades de la Bogotá de dentro de 40 años puede generar pérdidas difíciles de estimar, teniendo en cuenta que está pensando, desde ahora, por más de diez gobernantes futuros que bien pueden dedicarse a hacer lo mismo que él con su antecesor. Tampoco quiero decir que administrar sea una labor que se deba desentender del futuro; pero, uno piensa ¿qué tanto compromiso tiene con el futuro, con el derecho intergeneracional, una persona que al ver la reserva ambiental diseñada bajo esos preceptos, apenas si percibe una maqueta llena de potreros con unas cuantas vacas? No sé si es por el derroche en bolardos y losas quebradas que yo veo a Peñalosa y me parece que transpira cemento. Uno lo escucha hablar y siente que él no es de este mundo, él no ve lo que todos los demás, él ve cemento aquí, cemento allá… De hecho, es evidente que para Peñalosa las palabras cemento y desarrollo son idénticas. Él no usa talcos, ¡usa cemento!

Y sí, exagero; pero, lo que quiero decir es que Peñalosa piensa en la ciudad como una porción de tierra, o de cemento. La piensa como un arquitecto experto en sustituir potreros por edificaciones; de tal manera que todo aquello que no es una edificación, es un potrero. Me imagino su éxtasis creativo cuando vio el documental Colombia, Magia Salvaje. Debió pensar: “¡Por Mefisto!, ¡qué potrero infinito! Dame mil vidas para poder pavimentarlo”. Al final de la entrevista, yo pensaba: ¿qué es un ciudadano para el señor Alcalde?, ¿el muñequito de plástico que pone y quita en su maqueta? Bueno, hay muñecos de muñecos. ¿Lo que tienen en común es que necesitan dónde vivir? No. Los muñequitos que caben en Ciudad Peñalosa son los que tienen con qué comprarle. ¿Los demás? Ciudadanos no son. Encarcelarlos; ¡para que produzcan!, dirá él, en su delirio.

Entonces, entendí: para Peñalosa, un ciudadano es un usuario de la ciudad que él ofrece; un cliente potencial de su retablo maravilloso. Y vuelve y juega: los sueños de la razón, en este caso la de Peñalosa, producen monstruos. No me parecen tan diferentes, en el fondo, los tecnócratas; sean de izquierda o sean de derecha. Y los del centro… La misma vaina: con su esquizofrenia crónica y legalizada, cuando dicen esto, hacen aquello.

La idea de cultura ciudadana, hay que decir que solo genera una gran confusión. Como política pública es vital. Lamentablemente ni siquiera el mismo Mockus fue leal a la idea que en su gobierno conocimos. Se convirtió en una manera de invertir menos en atención a los usuarios y afianzó la transformación del ciudadano en un cliente. Un cliente dócil. Un cliente obligado a consumir lo que por voto se estableció para él… Media hora esperando un articulado, buses con sobrecupo, estaciones asfixiantes… Protestar al respecto equivale a ser petrista, lo que es sinónimo de “incultura ciudadana”… Me da pena escribir esta barbaridad, pero así lo dicen.

En la escuela aprendí que votar era el acto simbólico de la ciudadanía; nunca he dejado de hacerlo. Siempre convencido de que de esa manera renuevo mi pacto con el Estado. Pero empiezo a creer que el Estado se desdibuja y también mi ingenua idea de ciudadanía. Desde principios de siglo la democracia es otra cosa; nada qué ver con su etimología clásica. De ahí, hoy, la ciudadanía a nadie importa y casi nadie tiene claridad sobre lo que sea. No es para nada extraño que en los programas de Gobierno constituya un concepto dependiente de otros: en el gobierno de Petro la ciudadanía era una manifestación transitoria de la humanidad eterna; mientras que en el de Peñalosa es la masa de cuerpos más o menos pensantes, alegres todos, eso sí, que cómodamente consumen cemento.